El día 17 de noviembre de 2008 se reunía, en sesión ordinaria, el Claustro Universitario de la Universidad de Alicante, bajo la presidencia del rector con cuyo informe -y tras la aprobación del acta de la sesión anterior- se daba inicio a la reunión.
Informaba, en primer lugar, el rector de los acontecimientos vividos desde la última cita y, en particular, de la aprobación de la reestructuración de centros por decreto del Consell y publicado en el DOCV de 5 de agosto 2008, la creación de la Unidad de Igualdad, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2008 y el nombramiento de Mª José Frau como Delegada del rector para políticas de género, para finalizar con una referencia a las elecciones a rector que tuvieron lugar el día 22 de abril de 2008.
Continuaba su informe con una referencia al estado del proyecto de ampliación de la Universidad -centrada en dos cuestiones fundamentales, la ordenación urbanística y el estado de los edificios- para, seguidamente, referirse a la compleja cuestión relativa a la financiación de nuestra institución, dando cuenta de los sucesivos incumplimientos de los compromisos económicos asumidos por la Generalitat valenciana que desembocaron en una delicada situación de tesorería que pretende verse paliada en un futuro más o menos cercano; el convenio firmado por las universidades públicas valencianas con la Generalitat, en el que se reconocía la deuda y se pactaba un aplazamiento de la misma, y las condiciones que rodearon la elaboración de los presupuestos para el año 2009 fueron las cuestiones con las que el rector cerraba el capítulo que su informe reservaba a la importante materia económica, como importante y destacable de su informe fue la alusión a la aprobación, por el Consejo de Gobierno de la UA, de la normativa para la elaboración de los títulos de grado, el primer paso de un largo proceso, del que hace balance, y que ha de culminar en el curso académico 2010-2011 con la implantación de estos nuevos títulos.
La intervención del rector vino seguida de la que correspondía al defensor universitario quien, de igual modo, presentó al Claustro su informe.
En primer término, señalaba el Sr. Louis que buena parte de las actuaciones que recogía la memoria correspondían al mandato del anterior defensor, y de las llevadas a cabo desde su llegada al cargo destacaba las entrevistas mantenidas con decanos y directores de centro sobre la implantación de la evaluación curricular, y la elevación a Consejo de Gobierno de la normativa sobre evaluación curricular mediante la compensación de créditos, junto a las recomendaciones efectuadas al profesorado acerca de la evaluación del alumnado de nuestra universidad.
Detalló, a continuación, el defensor universitario los casos que en este tiempo le habían sido sometidos, un total de 343, 92 de los cuales recibieron respuesta inmediata, requiriendo el resto la realización de algún tipo de actuación, siendo todos ellos -según expuso- de muy diversa temática. Y, tras una breve referencia a los aspectos económicos, centró su informe en una suma de recomendaciones y sugerencias ordenadas por materias entre las que se incluían la relativa a la contratación de profesorado, la realización de exámenes y, en particular, la necesidad de respeto de los programas y reglas de evaluación que figuran en la ficha de las distintas asignaturas, para concluir con una llamada de atención consistente en concienciar a la comunidad universitaria de que el recurso al defensor universitario no ha de tener una finalidad preventiva, previa al conflicto, debiendo antes agotarse otras vías de solución a eventuales problemas.
La reunión del claustro concluía tras un extenso turno abierto de palabra en el que, en nombre de Campus Jove, fueron presentadas un lista propuestas relativas a cuestiones diversas de la vida universitaria, y con la intervención de distintos claustrales en solicitud de ampliación o aclaración de la información recibida, que fue agradecida, y demanda de actuaciones de futuro por parte del equipo rectoral y Consejo de Gobierno de la UA.