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Presentado el Informe al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021

Corresponde al Consejo de Ministros aprobar y poner en marcha el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 con la necesaria dotación económica

 

RFDCAlicante. 2 de mayo de 2018

La violencia económica es uno de los siete tipos de violencia de género, según la clasificación hecha por los expertos; las instituciones también pueden ser un lugar donde se genere este tipo de violencia – dentro del concepto más amplio de violencia de género institucional-, al margen de las relaciones de pareja, la familia o la sociedad.

En la lucha contra este tipo de violencia, que lastra o mina los recursos y el desarrollo de las mujeres, el viernes 6 de abril el Pleno del Consejo Estatal de Participación de la Mujer se ha reunido y ha aprobado el Informe al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021. 

La pelota está ahora en el tejado del Consejo de Ministros, que debe aprobar y poner en marcha el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 tras la presentación del Informe a este Plan.

Concepción Torres, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, abogada y representante de la Red Feminista de Derecho Constitucional, ha participado en las diferentes comisiones de trabajo y en el Grupo de Trabajo para la elaboración del informe final. La experta revela que “está previsto que a finales de mayo se pueda aprobar el Plan Estratégico en el Consejo de Ministros”.

Pero la ejecución efectiva de este Plan depende de la necesaria dotación presupuestaria que hagan los Ministerios y que, en materia específica de violencia de género el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cifraba en 200 millones de euros, que han de salir de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Por el contrario, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentado este martes 3 de abril en el Congreso solo incluye una partida de 80 millones para este fin, de los 200 con que se había comprometido el Gobierno, según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda. 

Como se recordará, el 28 de septiembre de 2017 todos los grupos parlamentarios del Congreso aprobaron por unanimidad el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se ponía en marcha y al que se destinaría 1.000 millones de euros a invertir en cinco años, lo que exige 200 millones por año de financiación directa.

 

Intenso trabajo en materia de igualdad

Con un calendario de trabajo muy apretado la profesora Torres comenta que el trabajo ha sido intenso y se han realizado aportaciones por parte de las distintas vocalías del Consejo de Participación a los diferentes ejes estratégicos en materia de igualdad en el ámbito laboral, lucha contra todas las formas de violencia de género, educación y coeducación sin sesgos de género, imagen de la mujer, etcétera. La investigadora precisa la gran satisfacción de trabajar en aras de una igualdad efectiva y real y el compromiso y responsabilidad de las distintas asociaciones de mujeres con vocalías en el Consejo que se ha puesto de manifiesto en estas últimas semanas; señala que la cuestión no es para menos teniendo en cuenta que “el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 será un documento clave para determinar las políticas públicas de igualdad hasta 2021”.

A pesar de lo expuesto, Concepción Torres matiza que “ahora se entra en otra fase no menos importante en donde el protagonismo lo adquieren los distintos Ministerios con responsabilidades en atención a las materias de los distintos ejes estratégicos”. En la misma línea, afirma, “cabe reseñar la importancia de la dotación presupuestaria que corresponderá al Ejecutivo central para su aprobación en Consejo de Ministros y su verdadera puesta en marcha”. “Obviamente, la relación con la aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 es directa en la medida en que para poner en marcha muchas de las medidas incluidas en el Plan se necesita esa dotación presupuestaria efectiva”.

 

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La Red Feminista de Derecho Constitucional, con sede en la UA, analizará y hará seguimiento de los contenidos que afectan a la violencia de género en RTVE, a petición de UGT RTVE

 

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