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El Consejo Social de la Universidad de Alicante recuerda a Pedro Duque la labor de estos organismos 'en la relación entre universidades y sociedad'

Destaca el papel de este órgano en el control de la gestión y resalta que en su composición ‘ya están presentes sindicatos y empresas’

El órgano colegiado pide que no se creen organismos nuevos que dupliquen las funciones que estos ya tienen

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Reunión del pleno del Consejo Social

 

Alicante. Jueves, 31 de enero de 2019

El Consejo Social de la Universidad de Alicante ha destacado la actuación de estos órganos para la participación de la sociedad en la universidad y como elemento de interrelación entre ambas, así como la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios y promover la colaboración de la sociedad en la financiación. Es su respuesta a las declaraciones del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en relación con la participación del empresariado y sindicatos en la gestión universitaria y la necesidad de crear un organismo que la controle. El Consejo Social de la Universidad de Alicante ha resaltado «el papel que cumplen estos órganos en la supervisión de la actividad universitaria y la misión de actuar como impulsor de la participación de la sociedad en la Universidad, ejerciendo como elemento de interrelación entre ambas, operando como interlocutores, y trasladando, entre uno y otro ámbito, sus respectivas expectativas, necesidades y demandas», han explicado.

A través de los consejos, «tanto sindicatos como empresariado y colegios profesionales participan en la gestión universitaria, proponiendo acuerdos sobre la actividad económica y financiera de la Universidad, aprobando los presupuestos, la reforma e implantación de estudios y la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, entre otras», según ha indicado.

En este sentido, apuestan por reforzar esta presencia y las funciones de los consejos «en lugar de crear organismos nuevos que podrían duplicar las funciones que estos ya tienen encomendadas y que además podrían alterar la autonomía universitaria», al tiempo que ha propuesto que todas estas mejoras «puedan realizarse dentro de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades», que todas las instituciones académicas vienen reclamando.

 

La necesidad de un Pacto de Estado

De esta manera, ha recordado que el pasado 26 de septiembre la CRUE Universidades Españolas y la Conferencia de Consejos Sociales realizaron un comunicado conjunto en el que pedían al Parlamento Español una nueva Ley Orgánica de Universidades con «un amplio consenso parlamentario que dé lugar a un gran Pacto de Estado». La declaración tenía el apoyo de sindicatos, patronal, pequeña y mediana empresa y de las cámaras de comercio.

El comunicado, leído en la sede parlamentaria, solicitaba a los representantes de la ciudadanía que pusieran a la universidad española en «el frontispicio de su acción política» con un nuevo marco legal que permita a las universidades «mejorar su funcionamiento».

Las razones alegadas eran que desde la última reforma parcial de 2007 se han producido «cambios muy profundos» en todos los órdenes de la vida, lo cual obliga a una «urgente revisión». El segundo argumento es precisamente «organizar mejor las relaciones entre la universidad, los poderes políticos y los agentes sociales y económicos, para conseguir más transformación de la realidad».

En tercer lugar, indicaba «una mayor autonomía universitaria» para lograr «una mayor flexibilidad de actuación a las universidades en sus modos de gobierno, organización interna y sus políticas académicas y de personal».

Finalmente, el consejo ha recordado que la Universidad está «al servicio de la sociedad» con «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura» y que el desarrollo de esta responsabilidad social «no puede atenerse sólo a criterios exclusivamente económicos, sino también al bien social que persigue, con una gestión rigurosa y eficiente».

 

 

 

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