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Festividad de San Raimundo de Peñafort

Alicante, 23 de febrero de 2006

Les agradezco muy sinceramente a todos Vds. su presencia en este acto, en esta celebración de San Raimundo de Peñafort, patrón de la Facultad de Derecho, en la que se ha procedido a la entrega de sus títulos a los egresados de la última promoción de esta Facultad.

Agradezco especialmente la presencia del Excmo. Sr. D. Joaquín de Fuentes Bardají por habernos brindado la Lección Magistral sobre un tema “Abogacía del Estado y el nuevo modelo de la Abogacía” tan importante y tan de actualidad. En nombre de todos los presentes, le felicito por su brillante conferencia.

La entrega de sus títulos a los egresados es la culminación de la actividad más importante que realiza la Universidad. Hoy día, a diferencia de lo que sucedía hasta hace pocas décadas, las universidades acometemos una gran variedad de actividades -todas ellas importantes-, aunque, sin duda, la fundamental es la de formar a nuestros alumnos, la de proporcionarles los conocimientos que les capaciten para el ejercicio profesional. Podemos pensar en una universidad que deje de realizar alguna de las muchas actividades que hoy llevamos a cabo, pero, en ningún caso, podemos imaginarnos una universidad que no proporcione egresados, que no capacite a alumnos como vosotros para que mañana podáis ocupar los puestos directivos de la sociedad.

Os felicito a todos, licenciados en Derecho, diplomados en Gestión y Administración Pública y Titulados en Criminología y en Detective Privado, por la culminación del trabajo que habéis desarrollado durante los últimos años en estas aulas. Ese esfuerzo tiene su recompensa en la titulación que la Universidad de Alicante os otorga ahora. La concesión de esta titulación significa el reconocimiento de que habéis completado vuestra formación. Sabéis que vuestras vidas, a partir de este momento, van a cambiar decisivamente y es muy posible que sintáis algo de vértigo ante los retos que tenéis que afrontar. No obstante, pensad que la graduación es un reconocimiento de vuestra madurez, de vuestra mayoría de edad y de vuestra capacidad para superar las dificultades que se os presenten en el futuro en el desarrollo de vuestra vida profesional. Estoy íntimamente convencido de que la Universidad también habrá contribuido a vuestra formación integral como ciudadanos.

La sociedad ha invertido en vosotros, en vuestra formación, recursos muy importantes. En adelante, fuera ya de estas aulas, reintegrareis a la colectividad con vuestra labor diaria los anticipos que se os han adelantado y que servirán para ayudar a la formación de las generaciones venideras. Tengo la seguridad de que, en esta nueva etapa de vuestra vida, recordaréis siempre los años que habéis pasado aquí con nosotros, y que seréis embajadores de nuestra universidad, cualquiera que sea el lugar en el que ejerzáis vuestra profesión. Olvidaréis los malos momentos que también habréis pasado y crecerán los buenos recuerdos de un tiempo de plena vitalidad y crucial para vuestra formación.

La actividad fundamental de los diferentes centros universitarios, y de esta Facultad de Derecho, consiste en formar buenos profesionales, y, hasta el momento, todos contemplábamos como algo natural que la obtención de la titulación otorgara automáticamente a los egresados las competencias para el ejercicio profesional.

No obstante, esto nunca ha sido exactamente así, ni con los licenciados en Derecho ni con los titulados de otras facultades. Efectivamente, el desempeño de algunas de las actividades profesionales reservadas para los Licenciados en Derecho ha requerido desde siempre realizar esfuerzos adicionales de preparación y la superación de un conjunto de pruebas bastante exigentes. Así, el acceso a notarías, a la judicatura, a determinados cuerpos de la Administración Central, Autonómica o Local, etc. está restringido a aquellas personas que dispongan de la licenciatura en Derecho, pero, como bien sabemos, la obtención de este título no faculta directamente para el ejercicio de estas actividades profesionales.

Ahora sabemos también que, dentro de poco tiempo, el acceso a la abogacía y a la procuraduría ya no podrá realizarse, como hasta ahora, de manera directa tras la obtención de la Licenciatura en Derecho y la inscripción en el Colegio profesional. La brillante conferencia que nos ha impartido D. Joaquín de Fuentes Bardají ha sido especialmente esclarecedora, y la selección del conferenciante no ha podido ser más oportuna.

Esta ruptura del automatismo entre el título universitario y el acceso a la actividad profesional también se va a producir en otros campos del conocimiento. Por ejemplo, el acceso al desempeño de la profesión de Profesor de Enseñanza Secundaria requerirá también, además del Titulo de Grado, la obtención de un Máster específico.

La disociación entre la posesión de un título de grado y el ejercicio de ciertas actividades profesionales es plenamente congruente con la declaración de Bolonia de junio de 1999 suscrita por 30 países europeos, entre los que se encontraba España. La declaración de Bolonia promueve en Europa un sistema universitario compuesto por dos ciclos principales: grado y postgrado, y en el que el Grado se convierte en el primer eslabón en la capacitación profesional. Las enseñanzas de Postgrado aparecen dirigidas bien a la obtención de una especialización académica o profesional, o bien encaminadas a la iniciación en la actividad investigadora. Esta filosofía aparece bien recogida en el artículo 8 del Real Decreto 56/2005 que regula los estudios oficiales de Postgrado, al atribuir al Gobierno la facultad de establecer directrices generales propias y requisitos especiales de acceso en los estudios conducentes al título oficial de Máster en aquellos casos en que dicho título habilite para el desarrollo de actividades profesionales reguladas, como sería el caso del acceso a la abogacía y a la procuraduría.

Por ello, parece adecuado que se regulen unos Estudios de postgrado que combinen los aspectos teóricos y prácticos que garanticen que las profesiones de abogado y de procurador se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles que aseguren la calidad de la prestación de los servicios jurídicos al ciudadano. Igualmente parece adecuado que estos estudios de postgrado tengan que ser organizados mediante la colaboración entre las universidades y los Colegios Profesionales y que las prácticas externas tengan un peso relevante en esta formación de Postgrado. Por otro lado, también es adecuado que estos estudios, como cualesquiera otros, requieran su homologación previa y las posteriores acreditaciones otorgadas conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia.

Si embargo, es totalmente artificioso que el Proyecto de Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador establezca una evaluación general de la aptitud de los alumnos realizadas por unas comisiones evaluadoras ajenas a la universidad. El establecimiento en este Proyecto de Ley de estas comisiones evaluadoras revela un desconocimiento profundo del concepto de acreditación de unos estudios universitarios que en este Proyecto de Ley quedan confundidos con la realización de un examen al que deben de someterse los alumnos fuera de la institución universitaria. La desconfianza que dicho examen supone en la capacidad de las universidades para proporcionar a sus alumnos una formación profesional solvente es totalmente rechazable.

El acceso a estas profesiones, por tanto, debería descansar únicamente en la homologación de estos estudios de Postgrado y en la acreditación regular de los mismos, de manera que la superación por los alumnos de sus estudios de Postgrado, con sus correspondientes exámenes propios, conllevara automáticamente la obtención de la capacitación profesional para el ejercicio de las profesiones de Abogado y de Procurador.

En estos días están empezando a ver la luz las primeras propuestas de nuevos títulos de grado. Se han presentado los borradores de directrices generales propias de los estudios correspondientes a cinco titulaciones clásicas de las Facultades de Ciencias, a otras cinco titulaciones clásicas en el campo de las Humanidades y a otras tres del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Al acabar este mes muy posiblemente se presentarán los borradores de las directrices generales propias de otros 10 títulos de Grado, entre los que se encontrará el de Derecho. Y, para proseguir con las titulaciones de contenido jurídico, está previsto que a principios de octubre se presenten los borradores de directrices correspondientes a los Títulos de Criminología y Seguridad y de Ciencias del Trabajo. Sucede pues, que el desarrollo del “Espacio Europeo de Enseñanza Superior” (EEES) que en el último año estaba en la práctica detenido, está iniciando su marcha y, además, es esperable que ahora la velocidad de todo este proceso sea elevada e incluso vertiginosa.

Igualmente sabemos ya la estructura que tendrán todos los futuros estudios de grado, que viene recogida en el documento elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia “Presentación de la Propuesta de Directrices Generales Propias de los Estudios de Grado”. Este documento despeja las incógnitas más importantes que mantenían una total indefinición sobre estos estudios, y que estaban sometiendo a las universidades a una gran incertidumbre, haciendo imposible cualquier planificación futura.

La duración de los estudios de grado era, sin duda, una de las mayores incógnitas que planeaban sobre las Universidades, porque el Real Decreto 55/2005 de 21 de enero de 2005 establecía en su artículo 10 que la obtención de un Título de Grado requeriría superar 180 o 240 créditos ECTS, y hacía recaer en los Decretos de Directrices Generales Propias de cada título específico la decisión sobre la duración de cada uno de los Estudios. Ello hacía posible que algunos Títulos fueran de 4 años y otros lo fueran de sólo 3. Esta incertidumbre que hemos arrastrado durante un año ha generado una gran inquietud, porque, entre otras cosas, permitía que se extendiera la impresión de que podría haber Títulos de primera y de segunda división dependiendo de la duración que finalmente tuviera cada título.

Finalmente se ha confirmado que la duración de todos los Títulos de Grado (excepto aquellos que están sometidos a directrices europeas, como arquitectura o los estudios de Ciencias de la Salud) va a ser de cuatro (4) años, o para decirlo de una manera más precisa, cuatro años con una estructura de tres más uno (3+1). Los alumnos tendrán que dedicar 1.500 horas al estudio cada curso académico. Este tiempo se distribuirá, aproximadamente, entre 37 o 38 semanas, con 40 horas de trabajo personal cada una; y de las cuales, durante 30 semanas, 20 horas semanales tendrán que ser trabajo dentro del aula, para así poder completar los 60 créditos ECTS correspondientes a cada curso académico.

Tres de los cuatro años de duración de los estudios, esto es, 180 créditos, tendrán que ser dedicados a proporcionar a los alumnos la formación académica básica; y, de estos 180 créditos, 120 créditos, esto es, 2 cursos académicos, deberán dedicarse al desarrollo de los contenidos formativos comunes que vendrán especificados en las Directrices Generales Propias de cada título. Los 60 créditos adicionales de formación básica serán determinados por cada universidad, que podrá utilizarlos, si lo desea, para desarrollar alguna orientación o itinerario que podría llegar a recogerse como mención en el título.

El cuarto año deberá proporcionar una formación dirigida a la mejora de las perspectivas profesionales. Estos 60 créditos ECTS podrán destinarse a la realización de prácticas especificas, en forma de practicum o prácticas preprofesionales en empresas e instituciones, o bien para que los alumnos puedan realizar estancias en otras universidades europeas. Toda esta formación práctica debería culminar con la elaboración de una memoria que recoja la formación adquirida y en la que el alumno demuestre que ha alcanzado los conocimientos y las capacidades necesarias para poder desarrollar posteriormente el trabajo profesional al que el título da acceso. Esta memoria debería ser defendida ante un tribunal o comisión, para que el estudiante demuestre que, además de saber expresarse correctamente por escrito, ha adquirido también la capacidad de transmisión oral de sus conocimientos.

Muy posiblemente, la novedad de mayor calado contenida en el documento “Presentación de la Propuesta de Directrices Generales Propias de los Estudios de Grado” sea la posibilidad de acceder a la realización de Estudios de Posgrado una vez completados los 180 créditos que conforman los contenidos formativos básicos. Además, la Universidad podrá otorgar un Título propio a aquellos alumnos que hayan completado estos 180 créditos. El estudiante que elija esta opción, al no haber completado los 4 años de duración de sus Estudios de Grado, no podrá disponer del Título de Grado correspondiente, ni podrá tener acceso al ejercicio de las competencias profesionales que el mismo confiere.

Esta opción hace posible, sin embargo, que a partir de Estudios de Grado, puedan organizarse programas de Postgrado de uno o de dos años de duración, facilitándose así la movilidad internacional. Se abre una gran variedad de posibilidades para la programación de Estudios de Postgrado por parte de las Universidades, sobre la que es conveniente reflexionar con mucho cuidado.

Las universidades vamos a iniciar cambios que serán sustanciales y que modificarán estructuras muy arraigadas. Pensemos, por ejemplo, -dado que será posible realizar los Estudios de Postgrado una vez que se hayan completado los 180 créditos de contenidos formativos básicos, aún sin haber obtenido el Titulo de Grado-, que será perfectamente posible que una persona obtenga el Título de Doctor y que pueda llegar a ser Catedrático de Universidad sin disponer del Título de Grado.

Los tiempos de cambio producen inquietud y desasosiego. Sin embargo, lejos de atenazarnos, tenemos que ser capaces de aprovecharlos para conseguir dar un salto cualitativo en la calidad de la enseñanza universitaria, en la calidad de la formación de nuestros alumnos. Tenemos la oportunidad de impedir que se cumpla, nuevamente, la sentencia conservadora del Príncipe de Lampedusa en El Gatopardo de que “si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”. Para ello hay que acompañar los cambios en la estructura de las titulaciones con innovaciones importantes en nuestros métodos docentes, en los contenidos, en los estilos y técnicas pedagógicas, en el diseño particular de los programas docentes y en los sistemas de evaluación.

Como en cualquier institución, también en la Universidad existen fuertes inercias que pueden dificultar el logro de estos objetivos. Por ello es imprescindible que el conjunto del profesorado adopte actitudes y mentalidades abiertas. Animo a la Facultad de Derecho, ejemplo secular de tradición y de adaptación a los cambios, a que se sume de manera entusiasta al importante objetivo de la reforma de las enseñanzas universitarias que ahora se va a iniciar. Va a ser, sin duda, un reto por el que merece la pena apostar.

Terminaré reiterando mi felicitación a los nuevos titulados, a sus familias y amigos. Al profesorado de la Facultad de Derecho y al Personal de Administración y Servicios os animo a seguir trabajando con ilusión y a continuar con vuestro compromiso por la mejora de la calidad de todos los servicios que proporciona nuestra Universidad.

Muchas gracias.

Oficina del Rector


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