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Apertura del Curso Académico 2015-2016

Alicante, 16 de septiembre de 2015

Muy buenos días.

Este año corresponde a nuestra universidad la apertura oficial del curso 2015-2016 del sistema público de universidades valencianas, circunstancia que supone un orgullo y una satisfacción para la Universidad de Alicante. Gracias a todas y a todos por acompañarnos.

Presidente, quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí, en nuestra universidad; es un gesto que muestra su compromiso con la educación superior y la ciencia. Así mismo, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todo el equipo de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, encabezada por su conseller. Muchas gracias.

Alcaldes de Alicante y San Vicente del Raspeig, alcaldesas y alcaldes de nuestras sedes universitarias, vuestra presencia muestra también vuestro compromiso con la educación superior y la extensión universitaria. Gracias.

La profesora Ruiz Cantero ha resaltado en su lección inaugural el papel fundamental que las políticas de igualdad de género tienen en el ámbito de la salud pública. Quiero felicitarte por la lección y por tu magnífica labor a lo largo de tantos años en pro de nuestra universidad; enhorabuena y muchas gracias.

Permitidme expresar un particularmente cálido saludo de bienvenida a la nueva generación de estudiantes que se incorporan en este curso, tanto en estudios de grado como de postgrado. Una oferta de estudios que, una vez más, responde ajustadamente a las demandas y a las expectativas de formación de nuestra sociedad.

Esta bienvenida también la quiero hacer extensiva a todo el personal que se incorpora en este curso. Y al personal que ha dejado de prestar servicios en la universidad, le quiero hacer llegar la expresión del reconocimiento institucional per su trabajo y su dedicación.

Para los miembros de la comunidad universitaria que, desgraciadamente, nos han dejado a lo largo del pasado curso académico, quiero expresarles mi respeto y mi consideración más sentidos.

Presidente, consellers, alcaldes, autoridades; bienvenidos a esta casa –que también es la vuestra- como nuevas autoridades autonómicas, provinciales y locales surgidas de las elecciones del 24 de mayo. ¡Enhorabuena a todas y a todos!

Permitidme ahora un deseo. Quisiera que seamos bien conscientes de la profunda responsabilidad que nos concierne, con vista a volver a esperanzar una Comunidad y una provincia que han padecido las consecuencias de la Gran Recesión con mayor virulencia que otras regiones y provincias españolas: caída del PIB más aguda que la media del estado; tasa de paro más elevada; crecimiento exponencial de las medidas de pobreza de las familias y de exclusión social.

Presidente, esta Comunidad y esta provincia tienen futuro, un alentador y más próspero futuro si todos, los diferentes gobiernos, las instituciones públicas y privadas, los agentes sociales y el entramado de la sociedad civil, conseguimos acordar los patrones y dibujar el perfil que ha de tener este futuro. Hay que identificar las amenazas que perturban lo venidero, pero hay también que encontrar los denominadores comunes que nos unen y nos identifican. Y si las justas demandas fueran adecuadamente atendidas, y los injustificables agravios en la financiación y la inversión pública equitativamente reparados, este futuro que todos soñamos, lo tendríamos al alcance de la mano.

¿Qué podemos aportar desde las universidades públicas en la definición de este futuro? Permitidme afirmarlo sin ninguna duda y sin pizca de cooperativismo: MUCHO. Y permitidme, para apoyar mi aseveración, exponer algunos datos y conclusiones.

De media, y a escala global, un país aumenta los ingresos en un 15% cada año adicional de enseñanza superior. Y este porcentaje aumenta más, cuanto más pobre sea el país del que se trate.

Y bien lejos del viejo y manido prejuicio que hace de la universidad una fábrica de subempleo y de parados, encontramos el hecho de que, en España, la tasa de paro de los universitarios es sustancialmente más baja que la del conjunto de la población. Además, para los titulados universitarios, la probabilidad de obtener un empleo aumenta un 25%, y se estima que de aquí a diez años (el 2025), el 60% de las oportunidades laborales requerirá estudios superiores.

Por último, pero no menos importantes, hay que destacar que nadie duda que una educación de calidad y gratuita –no solamente universitaria-, es una de las más sólidas barreras contra la desigualdad extrema y, por el contrario, la más segura, rica y socialmente rentable vía para una movilidad social ascendente, y para la sostenibilidad de la economía y de las prestaciones públicas.

La universidad pública ha de ser, además –y si no lo es, aspirar a serlo-, la rótula, la interfaz entre las demandas sociales y los poderes públicos, las empresas y las instituciones de la sociedad civil. La universidad pública se ha de erigir en motor del progreso local, no solamente a través de la docencia y la indagación básica, sino a través de su implicación en proyectos de desarrollo a escala del territorio en el que lleva a cabo sus actividades.

Al fin y al cabo, la universidad pública ha de servir para amueblar las mentes, para hacerlas capaces de continuar aprendiendo. Para aprender a hacer, pero también a ser. Y para encontrar conexiones donde nadie las había previsto. Para obtener conocimiento en un entorno en el que la información acumulada se duplica cada pocos años, y su accesibilidad se incrementa exponencialmente a un precio cada vez más reducido. La universidad pública ha de servir para fomentar la capacidad de pensar críticamente, de analizar datos numéricos y razonamientos en prosa creativamente, y para saber exponer con calidad y elegancia argumentos y conclusiones. 

¿Ayudará a este fin el Real Decreto por el que se pretende modificar la estructura de los estudios universitarios, el paso de un sistema, como el actual, 4+1, cuatro años de grado y uno de máster, a un modelo 3+2, tres de grado y dos de máster? 

Bien, como reconoció la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la propuesta no es, sin más, rechazable, ya que la actual estructura es minoritaria, aunque no marginal. Pero la CRUE y los rectores de las universidades públicas valencianas demandaron también tiempo y cautela, por razones que detallé en su momento. 

Primero, porque, a pesar de la supuesta rigidez de la institución, las universidades se han visto sometidas en los últimos años a un acelerado estrés normativo, que ha supuesto un no pequeño desgaste, un derroche de energías y un incremento de las cargas burocráticas, cuyo funcionamiento y resultados requieren una pausada y serena tasación para acometer su modificación o su mejora y, tal vez, de cierta simplificación.

Segundo, porque la posibilidad que el Real Decreto abre, siquiera opcional y voluntariamente, haría que la convivencia de los grados de cuatro años y los de tres años no solo introdujera confusión e inestabilidad, sino que acarreara más problemas que soluciones a los dilemas planteados.

¿Cómo explicar y argumentar, por ejemplo, que un graduado de tres años tendría la misma formación básica que uno de cuatro años, lo que obviamente es imposible, salvo que se considere toda formación, en realidad, un lujo prescindible?

Suprema paradoja, por añadidura. Antes de este siglo y aún después, el sistema universitario público financiaba licenciaturas de cinco años a precios asequibles, tres comunes, el primer ciclo, y dos, frecuentemente de especialización, el segundo ciclo, de trescientos o más créditos, un volumen de créditos que se mantuvo hasta cuando las licenciaturas fueron reducidas a cuatro años. ¿No hubiera resultado más operativo y sencillo mantener esa estructura? ¿No parece razonable sostener que, antes de cambiar algo o de cambiarlo todo, sepamos bien para qué y en qué dirección, y cuáles son las consecuencias y los efectos indeseados o inesperados de los cambios que acometemos?

Tercero, porque prácticamente todas las universidades españolas están incursas en un proceso de acreditación de los grados, que debería servir para evaluar el éxito o el fracaso en la implantación de los nuevos títulos y sus consecuencias en la empleabilidad. 

Cuarto, porque la competencia entre universidades con grados de cuatro años y de tres años con el mismo valor académico forzaría una carrera desordenada entre las mismas para dar lo mismo por menos y atraer más alumnado. 

Quinto, finalmente, y ésta, en mi opinión, es la piedra de toque y la intención última de la propuesta del Real Decreto, porque dicho cambio implicaría un encarecimiento de los costes de la enseñanza universitaria, dada la importante diferencia de precios entre el crédito en los másteres y en los grados, a diferencia de muchos de esos países de Europa que se utilizan como referentes para el cambio de modelo, donde los precios de matrícula en los grados y en los másteres son idénticos o bastante similares. 

En otros términos, y para resumir, pequeñas verdades que ocultan objetivos menos confesables. 

El más obvio, es la reducción del gasto social en la educación pública universitaria, en un contexto en el que, desde 2012, la universidad española es una de las más caras de Europa, a contrapié de las medidas adoptadas por los países avanzados de nuestro entorno en el epicentro de la crisis, en los que predominan costes de matrícula sustancialmente más bajos, una amplia y generosa política de becas, ayudas fiscales y un redoblado esfuerzo inversor en I+D+i como antídoto esencial frente a la crisis. 

Dos son, en consecuencia, y a mi juicio, los prerrequisitos que deberían allanar el camino a la modificación de la estructura de los estudios universitarios, del 4+1 al 3+2. Primero, como en la mayor parte de los países que suelen emplearse como referencia una igualación significativa de los precios de matrícula del grado y del máster. Segundo, una política de becas acertada y acorde con la igualdad de oportunidades y la cultura del esfuerzo. 

Mucho se ha vuelto a hablar, en efecto, durante el último año, de las insuficiencias de la universidad pública española: su escasa representación en los puestos más altos de los rankings internacionales, la endogamia, su pesadez burocrática. No me referiré a los rankings.

Siempre he dicho, para resumir plásticamente una discusión más compleja, que mientras las universidades españolas están reconocidamente entre los siete mejores sistemas universitarios del mundo, la economía española es la decimocuarta de entre los doscientos cuatro países existentes según el banco mundial. 

Tampoco voy a discutir nuestra pesada carga burocrática, porque, en buena medida, nos viene impuesta por prácticas que, en ocasiones, son razonables (la transparencia, la rendición de cuentas) y, a veces, perfectamente innecesarias y una carga añadida al hueso de nuestros trabajos esenciales. La docencia y la investigación. 

Déjenme, pues, centrarme brevemente en el que me parece el verdadero problema de la universidad pública española: la financiación. 

El agudo problema de la financiación. Simplemente, no es factible, aspirar al nivel de los centros de excelencia universitaria del mundo con una inversión por alumno más baja que la de aquellos. 

Las universidades públicas valencianas se han visto sometidas a una severa dieta de financiación en el último decenio, entre 2004, bastante antes de que la crisis se anunciara y en coincidencia con una inversión pública alternativa y ruinosa en múltiples Grandes Proyectos y Ciudades Temáticas, y 2014. 

Necesitamos, en fin, para el buen cumplimiento de nuestros compromisos, no solo el mantenimiento y la eventual mejora del acuerdo alcanzado sobre la deuda histórica, sino una Ley de Financiación de las Universidades que nos permita desarrollar nuestras labores en un marco de estabilidad presupuestaria y normativa, aun dentro de las restricciones que impone la situación financiera de la Comunidad. 

Un modelo que responda a los principios de suficiencia, eficacia y equidad.

La educación es un derecho fundamental, y como tal, su financiación no puede estar sujeta a los vaivenes del ciclo económico, un modelo económico que asegure la suficiencia financiera de las universidades.

Un modelo que incluya cumplimiento de objetivos para promover e incrementar la excelencia y la calidad. Los universitarios somos muy conscientes de que los recursos son escasos y estos deben asignarse solo bajo criterios de eficiencia.

Finalmente, el modelo debe asegurar la equidad institucional, debe distribuir los recursos públicos de manera trasparente y neutral. 

Déjenme ir acabando. Hemos pasado y, en parte, solo en parte, superado tiempos terribles y sombríos, que podrían volver. Una pesadilla de la que quisiéramos despertar, y que nos ha fragilizado enormemente como pueblo y como universidad. A pesar de la carga de esa vulnerabilidad, podemos avistar un futuro más sobrio, tal vez, pero más prometedor y más digno, más austero en lo prescindible, pero sólido y constante en lo esencial. 

A lo largo de este curso habrá elecciones rectorales en nuestra universidad. Es, pues, tiempo de balance, de rendición de cuentas. Sabemos que no todo lo que importa se puede medir, y que no todo lo que se puede medir importa, como afirmó con autoridad Einstein. Pero también que todo lo que se puede medir es mejorable, y que no puede decirse lo mismo de lo que no es medible, de los intangibles, que también deben ser considerados. 

En mi discurso de toma de posesión cité a Derek Curtis Bok, Rector de la Universidad de Harvard durante dos décadas, entre 1971 y 1991: “Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia”. Desde entonces, no he hecho sino acumular pruebas cada vez más robustas y convincentes sobre la profunda verdad que encierra esa rotunda afirmación. 

Aseguré también en mi discurso de toma de posesión que, pese a las dificultades que estábamos pasando, apostaríamos por una universidad pública de calidad.

Una universidad comprometida con su natural liderazgo en la sociedad del conocimiento, la innovación y la apuesta por las tecnologías avanzadas.

Una universidad internacionalizada y global.

Una universidad comprometida con la promoción de los valores de una sociedad democrática, solidaria y sostenible, pero también con lo que se ha venido a denominar la cultura del esfuerzo.

Una universidad involucrada con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Una universidad emprendedora en todos los sentidos.

Una universidad, por tanto, que gestione los recursos públicos de manera eficaz, eficiente y transparente.

Una universidad, en fin, lugar de encuentro de todos los agentes sociales que pueden y deben definir la orientación del futuro de nuestro desarrollo, y que esperan encontrar en ella un espacio encaminado a la calidad y guiado por la competitividad, internacionalizado, abierto, innovador y capaz de asumir el liderazgo en la sociedad del conocimiento.

No me corresponde a mí juzgar si lo hemos conseguido, si lo estamos consiguiendo, ya que el programa diseñado entonces, hace poco más de tres años y medio, no era de corto recorrido sino de largo aliento. Lo juzgará, en su momento, el conjunto de la comunidad universitaria, a la que solo puedo asegurar un esfuerzo constante, un intenso denuedo para su más amplio cumplimiento.

En esta singladura, espero y deseo encontrarme con los que, hoy y aquí, nos acompañan, seguro de que nuestra suerte mutua está abrochada. Y tengan también por cierto las autoridades autonómicas, provinciales y locales, los agentes sociales (organizaciones empresariales, empresas y sindicatos) y las instituciones públicas y de la sociedad civil, que nos encontrarán en el apoyo sin fisuras a aquellas demandas y reivindicaciones justas y necesarias, bien sea en favor de una financiación equitativa, de la que tanto depende nuestro futuro, de una inversión acorde con nuestro peso demográfico y económico, del desarrollo de las infraestructuras necesarias, y de toda medida que contribuya a mejorar el bienestar de los que aquí trabajamos y vivimos y un orden social más justo e inclusivo. En suma, más democrático.

Muchas gracias. 

Oficina del Rector


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