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Inauguración de la XXI reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo

Alicante, 16 de octubre de 2015

Buenos días y bienvenidos a la universidad de Alicante, miembros del Círculo de Montevideo, y muy especialmente su Presidente, Julio María Sanguinetti, que desde ayer quedó unido a la Universidad de Alicante con su nombramiento como doctor honoris causa de la misma.

Bienvenidos también los miembros de la sociedad alicantina, instituciones públicas y privadas, empresarios y componentes de la comunidad universitaria, que hoy nos acompañan en este acto abierto al público.

Desde hace casi veinte años, exactamente desde 1996, entonces en la capital uruguaya y con posterioridad en distintas capitales y localidades latinoamericanas y españolas, el Círculo de Montevideo ha reunido a un nutrido grupo de políticos, intelectuales y representantes de organismos internacionales con el fin de analizar los problemas del continente latinoamericano.

Es una satisfacción para la Universidad de Alicante que la vigésima segunda reunión plenaria del Círculo de Montevideo se lleve a cabo en nuestra Universidad. Para ello hemos contado con la colaboración y patrocinio del Banco Santander que siempre ha estado apoyando de cerca el mundo universitario, desde la creación en 1998 de la División Universidad del banco, y con la creación de Universia como el principal exponente de apoyo, colaboración y mecenazgo de la Universidad, y como decía su presidente “La universidad es el proyecto social más importante” ¡Gracias, presidente!

Agradecer al profesor Canales, catedrático de Ciencia Política y de la Administración su compromiso y gestiones para que esta reunión se celebre en la Universidad de Alicante. ¡Gracias, José Manuel!

El asunto que hoy y aquí, sin embargo, nos reúne es “La crisis de la gobernanza de la democracia representativa”.

Déjenme introducir algunas consideraciones al respecto, que me serán también útiles para referirme a los nuevos requisitos y discursos sobre las tareas de la universidad y sobre la gobernanza universitaria.

Si coincidimos en la definición mínima de democracia de Popper (democracia significa la posibilidad de derribar gobiernos sin violencia ni derramamientos de sangre), y que implica, como prerrequisitos imprescindibles, la separación de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), partidos múltiples y verdaderamente plurales, prensa libre y diversa en sus orientaciones, libertad de opinión, expresión y reunión, sufragio universal sin restricciones y elecciones regulares, estaremos de acuerdo en que, desde los años 50 del pasado siglo, la expansión de la “democracia” ha sido impresionante.

Mientras que en esa fecha sólo (aproximadamente) el 15% de los gobiernos del mundo eran elegidos en elecciones libres, en el año 2000 lo eran el 62% de los más de 200 estados existentes, un impulso democratizador que cobró fuerza, sobre todo, en los años 90 del pasado siglo, aun con importantes excepciones en Asia (sobre todo, China), buena parte de África y Oriente Medio.

De hecho (como múltiples encuestas regionales y globales documentan, o como reveló Kofi Annan en la Cumbre del Milenio, o como han puesto preocupadamente de relieve los documentos publicados por el Círculo de Montevideo), la expansión de los procedimientos democráticos, la globalización de la democracia y de los derechos humanos parece haber coincidido con el descrédito de la democracia realmente existente, con su deslegitimación o, al menos, la pérdida de fe del público en que los gobiernos les representen realmente, o no estén sujetos a “intereses especiales”, incluso en los Estados de más antigua tradición democrática.

Y, por supuesto, la paradójica expansión y crisis de la democracia ha coincidido con el último ciclo de la “globalización” y sus secuelas:

Es decir, la siempre afortunada expansión de la democracia ha coincidido con su debilitamiento, tanto en el Norte como en el Sur globales, con dificultades para el control efectivo de los que están en el poder, en la política y más allá de la política, y con la posibilidad de que la ciudadanía pueda hacer oír su voz e influir efectivamente en el ejercicio del mismo.

Hay, por supuesto, muchas razones por las que la democracia se ha debilitado o puede fragilizarse en la pos democracia, en una era pos política, de democracia sin política.

El caso es que, como es bien sabido, las elites (y el poder, la tecnología, las principales actividades económicas, los medios de comunicación, y los conocimientos y las competencias demandadas) son globales y los ciudadanos, el público, locales. Y, como han señalado numerosos autores, estallados los marcos del Estado-nación, se hace difícil compatibilizar democracia, soberanía nacional y globalización (o integración económica mundial).

El “indefectible trilema de la economía mundial”, según Rodrik, el “teorema de la imposibilidad” de conciliar no más de dos de esas realidades, pero no las tres simultáneamente y sin limitaciones. Es decir, podemos aspirar a tener democracia y globalización, pero entonces debemos perder y transferir soberanía. O sumar soberanía nacional y democracia, pero desafiliarnos, si se pudiera elegir, de una plena integración en el mercado mundial, una alternativa onerosa y que limitaría nuestras posibilidades de progreso económico y social. O decidirnos por globalización y soberanía, pero a costa de una democracia disminuida.

En todo caso, y pese a la proliferación de múltiples teorías disyuntivas, no parece haber alternativas significativas y con un apoyo social mayoritario a la globalización realmente existente.

Jorge Castañeda (que fue ministro de Relaciones Exteriores de México entre 2000 y 2003) señaló: ·

“Si existe un leitmotiv ideológico del fin del siglo pasado (…) sin duda reside en los imperativos inapelables de la globalización. Todo –la modernidad, el desarrollo, la democracia- se puede gracias a la globalización; nada –la justicia, la regulación, el disenso, la igualdad, la nostalgia- se puede por culpa de la globalización”.

Dilema difícil de desentrañar y resolver. Porque, de un lado, no es perfectamente evidente que las tres grandes recetas de la globalización (austeridad fiscal, privatización y liberalización de los mercados) hayan supuesto ventajas claras y duraderas para el conjunto de los países en desarrollo, sometidos a periodos de auge y de caída alternas. Es decir, cuando unas regiones mejoran otras decaen; o bien a momentos de crecimiento rápido en una región dada le siguen estancamientos o recesiones más o menos intensas en periodos siguientes.

En un mundo global, en fin, no hay desacoplamiento posible, mientras que esas mismas recetas contribuyen también a erosionar el bienestar y la inclusión de las clases medias y trabajadoras del Norte global, a través del incremento del comercio internacional, la deslocalización/subcontratación y la inmigración, consecuencia de que la reserva de fuerza de trabajo se ha triplicado con la globalización y la incorporación del Segundo Mundo a la división internacional del trabajo (Chindia y el resto de países emergentes), al tiempo que incrementa las oportunidades de las clases altas y altamente cualificadas, beneficiarias de la mayor movilidad de su capital financiero y humano y de la dificultad para gravar sus ingresos (desfiscalización, cambio de residencia y domicilio fiscal, paraísos fiscales, etc.).

Todo esto es cierto, me parece, y nos enfrenta a desafíos formidables. Pero déjenme evocar también un par de aspectos complementarios, en los que no abundaré, pero que han ocupado tiempo y, me consta, provocado reflexión en el Círculo de Montevideo.

Primero, en 1928, ante un público de universitarios de Cambridge, Keynes pronunció una conferencia sobre “las posibilidades económicas de nuestros nietos”. Sin entrar en detalles históricos y técnicos, que alargarían innecesariamente la argumentación, Keynes calculó que alrededor de 2030 la producción se habría multiplicado entre cuatro y ocho veces, lo que permitiría que, al menos los habitantes de los países avanzados trabajaran no más de quince horas semanales, pudiendo dedicar el resto de su tiempo “a preferir lo bueno a lo útil” y a los placeres activos, no a los meramente pasivos y reparadores.

Pues bien, en lo tocante al crecimiento del producto y los ingresos reales per cápita, Keynes no erró. En realidad, ya en el año 2000 los países llamados desarrollados eran en promedio cuatro o cinco veces más ricos que en 1930. Sin embargo, nuestra jornada de trabajo media solo se ha reducido en un quinto desde entonces, sin considerar el incrementado tiempo dedicado al transporte y las tareas domésticas. Y las clases medias y altas se disciplinan en el trabajo interminable, mientras un porcentaje significativo de la población se ve confrontada al tiempo vacío del paro total o parcial, del “desempleo debido a medios para economizar el trabajo a un ritmo superior al que podemos dar nuevos usos al trabajo”.

¿Cómo es posible que si entre 1870 y 1930 las horas de trabajo disminuyeron con rapidez, de las 72 o más a las 50, desde 1930 hasta la actualidad, una era marcada por fabulosas innovaciones técnicas, supuestamente ahorradoras de trabajo, el descenso haya sido tan lento?

Segundo, tengo para mí que el estado del bienestar es, probablemente, la más alta conquista de la civilización, el pináculo político más significativo del espíritu humano, la más extensa e intensa innovación social, pese a los indudables excesos y errores en los que haya podido incurrir, las disfunciones que haya que corregir y los ajustes que haya que realizar.

¿Por qué? Por una novedad radical, que importa resaltar. Porque, por primera vez en la larga historia de la humanidad, los Estados pasaron a considerarse responsables del bienestar de sus poblaciones y garantes de sus derechos y de sus riesgos, asociados a la edad, a las variaciones económicas y a los estados valetudinarios, a la par que asegura que el ascensor social, aun limitado, funcione, y que las inevitables patologías sociales se vean limitadas.

Y de entre todas las políticas sociales que conforman la urdimbre del Estado del Bienestar, me parece que, aun a riesgo de incurrir en un soez corporativismo, la inversión en educación y en I+D es, tal vez, la más relevante para el futuro de los pueblos, aun por encima de otras muy relevantes políticas sociales.

Y así lo comprendieron los países que han logrado ascender vigorosamente en la división internacional del trabajo, de los Nuevos Países Industrializados a China, y los más desarrollados, que, incluso en el epicentro de esta devastadora crisis y sometidos a políticas de recortes fiscales y de austeridad, incrementaron, sin embargo, los presupuestos dedicados a educación e I+D y mantuvieron o ampliaron las facilidades para acceder a los estudios.

Ningún error mayor, pues, para el futuro de nuestro país, que los pronunciados recortes en inversión educativa y en I+D que lamentablemente hemos conocido en los últimos años. Porque, como no me he cansado de repetir, los países ricos no invierten en educación y en I+D porque son ricos, sino que son ricos porque invirtieron e invierten en educación e I+D. Porque no consideran la educación un gasto, un lujo dispendioso, un derroche innecesario, sino una inversión, la mejor inversión de futuro, tanto más en un país como el nuestro, en el que uno de sus lastres estructurales, para el buen desempeño económico pero también para mantener cotas decentes de civismo y mejores y más sofisticadas maneras en la conversación pública, es el bajo nivel educativo de la población madura y más que madura.

¿Algún día asumiremos la delicada y grávida verdad que apresó el dictamen del que fuera rector de la Universidad de Harvard entre 1971 y 1991, Derek Curtis Bok: “Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia”?

Si así fuera, y si se admitiera sin reticencias ni remilgos la sentencia de Curtis, así en la sociedad como en el mercado y la política, no me cabe duda de que pronto acordaríamos las fórmulas para una educación ajustada y de excelencia, en vez de entretenernos en falsos debates, retrógradas polémicas e increíbles y empíricamente infundadas justificaciones de la bondad de variadas formas de segregación, como cenizas arrojadas a los ojos, como una suerte de alargada “luz de gas”.

Porque, en segundo lugar, la educación pública es, sí, también el mayor y mejor instrumento de igualación social, la barrera más segura frente a la desigualdad extrema, la vía regia para sostener y ampliar una movilidad social averiada en las últimas décadas.

Déjenme, además, decirles que yo no creo que la equidad esté reñida o sea antagonista de la eficiencia, como no creo que haya una radical oposición entre la libertad y la igualdad, esa máxima del, por otra parte, tan apreciable patrimonio del liberalismo clásico.

En los hechos, donde no hay libertad, por definición, no puede haber igualdad, porque quienes tienen la capacidad de privar al resto de su libertad no son iguales al conjunto, a la mayoría; disponen, de hecho, de un poder desmedido. Y, por supuesto, no hubo ni hay igualdad real donde se pretendió haberla obtenido por decreto.

La igualdad de oportunidades debería servir no solo para formar profesionales competentes y empleables, que aporten valor allí donde trabajen, por importante y decisiva que sea esta tarea, sino para captar las formas diversas de ser persona y para asumir nuestra contingencia y falibilidad, nuestra voluntad de superación pero también la perpetua incertidumbre en que nuestra condición se desenvuelve, como Felipe González tuvo ocasión de subrayar en el encuentro que, precisamente, sobre educación se desarrolló en Perú.

¿Y la universidad? ¿Qué papel debería cumplir en el nuevo milenio? Dejaré de lado, si me lo permiten, los debates, frecuentemente mezquinos y cortos de mira, que son promovidos desde algunos altavoces sobre la universidad española. Básicamente, giran, si me permiten la simplificación, sobre por qué no somos capaces de competir con Princeton o con Cambridge, sobre por qué parecemos adolecer de endogamia, y sobre por qué la empleabilidad de nuestros egresados es inferior a la que debería.

Y bien, es fácil responder a estas imputaciones, aunque las respuestas no siempre se abran paso con facilidad, o no sean escuchadas.

No estamos en el top 100, sencillamente, porque nuestra financiación por alumno es muchas veces inferior a las de aquellas que sí lo están. A pesar de todo, por cierto, mientras España es, por PIB, la decimocuarta economía de entre los 204 estados existente, las universidades españolas están reconocidamente entre los siete o diez mejores sistemas universitarios del mundo.

En el mismo sentido, adolecemos de endogamia, porque los salarios del profesorado universitario no incitan a la movilidad.

Finalmente, no es, a mi juicio, la formación recibida la que dificulta la empleabilidad de nuestros egresados, sino la estrechez del mercado de trabajo cualificado español, consecuencia del escaso tamaño e internacionalización de las empresas nacionales, y su marcada desatención hacia la I+D+i, el obstáculo esencial para la pronta y adecuada inserción laboral de los graduados universitarios.

¿Qué universidad, entonces, necesitamos? En mi opinión, no una universidad laboral, no una universidad gremial, que forme a alumnos especializados en ocupaciones específicas adaptadas al mercado de trabajo presente, y que probablemente no existirán ya cuando concluyan su formación. No mediante una acomodación a las necesidades actuales y concretas, pero finitas, del mercado de trabajo, sino mediante una formación intelectual que capacite para el desarrollo de oportunidades siempre cambiantes en el mundo moderno, hoy más mudables y abiertas que nunca.

Aunque, ¿de verdad es este imperativo tan absolutamente reciente? ¿Estudiaron los distinguidos miembros del Círculo de Montevideo para ser presidentes de gobierno, directivos de organismos internacionales, grandes empresarios? ¿Me formé yo en alguna escuela preparatoria para acceder a un rectorado, para dirigir una universidad?

Por supuesto que no. Lo aprendimos en nuestro deambular vital y profesional, siempre por detrás de lo que hubiera sido óptimo, siempre a remolque de las metamorfosis de una realidad inabarcable. Pero con la mochila de unas capacidades para aprender e innovar, que aprendimos a cultivar en nuestra trayectoria educativa y, singularmente, en la universidad.

La universidad, en fin, no debe ser sierva del mercado y sus señales en el corto plazo. La universidad debe servir para organizar y amueblar las mentes, para hacerlas capaces de seguir aprendiendo. Para aprender a hacer, pero también a ser. Y para encontrar conexiones donde nadie las había previsto. Para obtener conocimiento en un entorno en el que la información acumulada se duplica cada poco tiempo, y su accesibilidad se incrementa exponencialmente a un precio cada vez más reducido (further, faster, cheaper and deeper). Para fomentar la capacidad de pensar críticamente, de analizar datos numéricos y razonamientos creativamente, y para saber exponer con calidad y elegancia en la escritura argumentos y conclusiones.

Y también la universidad debe servir, tal que no he dejado de señalar y reclamar en los últimos años, como lugar de encuentro de todos aquellos agentes (gobiernos, empresas, instituciones) que se muestren dispuestos a inquirir y a reconocer futuros al tiempo posibles y deseables para las sociedades en las que su actividad se inserta. En línea con las claves estratégicas y las propuestas de actuación aprobadas en la conocida como la Carta Universia Río 2014.

La Carta Universia Río 2014 es un llamado y una ocasión para la internacionalización de las universidades iberoamericanas.

Pocos conocen, incluso en la universidad y entre el público informado, que la Universidad de Alicante tiene firmados convenios de movilidad y es socia de más de 700 universidades en más de 100 países repartidos entre los cinco continentes. Y con respecto a Iberoamérica, convenios con todos los países y con más de 200 universidades, institutos y centros de investigación. Y menos aún son conscientes del potencial de esta extensa y tupida red de relaciones, no solo para la universidad, como embajadora y carta de presentación de la provincia, sino para sus ciudades y, potencialmente, para sus instituciones y empresas.

Tampoco somos demasiado conscientes, ni desde luego hemos sabido sacar el debido provecho, del hecho de que el español sea, según el Instituto Cervantes, la segunda lengua nativa más hablada del mundo, tras el chino mandarín, y el segundo idioma de comunicación internacional.

Los iberoamericanos nos haríamos, en consecuencia, me parece, un flaco favor si no consideráramos los estrechos vínculos que nos unen, más allá de un pasado que nos divide y unifica. Si no tuviéramos en cuenta su potencial y el mutuo beneficio que podríamos obtener de una colaboración más estrecha entre los miembros de una comunidad que, en buena parte, habla la misma lengua y que agrupa a casi 500 millones de personas, más la imponente aportación brasileño/portuguesa, más de 200 millones de personas.

Les deseo a todos muy buenas y provechosas jornadas.

Muchas gracias. 

Oficina del Rector


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