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Apertura del Curso Académico 2016-2017

Alicante, 15 de septiembre de 2016

La apertura de curso es un acto académico solemne y tradicional, un ceremonial cargado de simbolismo ritual que reúne a la comunidad universitaria y a sus representantes institucionales ante una amplia representación de la sociedad alicantina con la presencia de autoridades y representantes de nuestros gobiernos.

Sean por tanto mis primeras palabras de agradecimiento por acompañarnos.

Gracias por estar hoy aquí, en el Paraninfo de nuestra universidad.

Querría ahora felicitar al Profesor Lorenzo Abad por su lección inaugural del curso 2016-2017. Gracias, Lorenzo, por la lección y por tu magnífica labor a lo largo de tantos años en pro de nuestra universidad.

Como corresponde a un acto oficial, formal, de apertura de curso académico, inicio esta intervención dando la bienvenida a la nueva generación de estudiantes que se incorporan en este curso, tanto en estudios de grado como de posgrado. Con 6.150 plazas de nuevo ingreso ofrecidas, cubiertas al 96%, y con más de 2.000 estudiantes en lista de espera, la Universidad de Alicante responde ajustadamente a las necesidades de formación de nuestra sociedad.

Querría ahora dirigirme a todos los compañeros que acaban de subir al estrado para recoger la medalla de plata o la placa que la universidad, vuestra universidad, os ha concedido. Estas distinciones no son más que una manera simbólica de reconocer la dedicación y el esfuerzo hacia la universidad, ya sea por hacer 25 años que estáis al servicio de esta institución, o por haber llegado a la edad de jubilación.

Para los miembros de la comunidad universitaria que, desgraciadamente, nos han dejado a lo largo del pasado curso académico, quiero expresarles mi respeto y mi consideración más sentidos.

Iniciamos este curso académico en un contexto político, económico y social muy complejo, lleno de incertidumbres que condicionarán sin duda la actividad universitaria, y me gustaría realizar algunas reflexiones en este contexto.

No hay análisis económico que no subraye la relación entre gasto por países en I+D y éxito económico, Más aún, esta correlación no ha hecho sino incrementarse, a medida que nuevos países se incorporan con éxito a la economía global, apostando por sectores líderes capaces de generar más valor añadido.

Y, ¿qué ha pasado en España con el I+D? Pues que hemos deshecho parte del camino que comenzamos en 1986, cuando invertíamos en I+D solamente el 0’56% del PIB, mientras Alemania invertía aquel mismo año el 2’6% del PIB, casi cinco veces más que nosotros.

Por si alguno, aún no se ha dado cuenta, aquí tenemos una de las más relevantes y acumulativas razones que explican la asimetría actual entre las economías de España y de Europa central y del norte.

Entre 2009 y 2014, en efecto, la inversión en I+D en España ha pasado del 1’35% del PIB al 1’23%, empeorando, respecto de 1986 aún más nuestra posición relativa, no solamente en relación con los países líderes que encabezan el ránking, con inversiones superiores al 3% (Japón, Finlandia y Suecia) e, incluso, al 4% (Corea del Sur e Israel). En la Unión Europea solo vamos por delante de países como Polonia, Eslovaquia y Rumanía, y en la zona euro, únicamente Grecia está en posición más desfavorable que nosotros.

El otro vector necesario en el siempre enunciado, pero nunca en realidad abordado, cambio en el patrón de crecimiento, es la mejora de la educación. Y en lo que más nos atañe, de la educación superior.

Y de nuevo este verano, con motivo de la publicación del ránking de Shangai y el del Center for World University, que listan las mejores universidades del mundo, hemos leído los tradicionales lamentos sobre el hecho de que solamente hay una universidad española entre las 200 millones del mundo.

Pero, ¿qué nos dicen, de nuevo, los datos de estos prestigiosos, aunque discutibles, ránkings respecto de la calidad de las universidades españolas y el resto de los asuntos citados? Bien, para resumir una argumentación que después desarrollaré con más detalle, nos dicen que si hay pocas universidades españolas entre las más prestigiosas, el sistema universitario español es el octavo mejor del mundo. Y que, además de mostrar una gran eficiencia, es barato, como muestran otros estudios de la OCDE o de la UE.

Según el ránking del Center for World University, en efecto, hay 41 universidades españolas entre las 1.000 mejores universidades del mundo –de un mundo, hago notar, en el que se contabilizan 204 estados y más de 22.000 universidades-, todas ellas públicas excepto una privada (la Universidad de Navarra), a pesar de la juventud del sistema universitario español.

Entre ellas, por cierto, la Universidad de Alicante, que ya constaba en el ránking de Shangai de 2014 entre las 600 mejores universidades del mundo. Y con algunos estudios, como el de química, entre los 200 mejores del mundo.

Los datos dicen también que, pese a los que afirman que hay demasiadas universidades y demasiados universitarios, en España llega a la universidad un 52% de la población en edad de acceso, frente al 56% en la Unión Europea, y el 58% en la OCDE, si bien un 22% de los titulados españoles trabaja en ocupaciones de menor cualificación, mientras que en Alemania o en Francia, esta situación afecta al 15%.

Una realidad que no habla solamente del desajuste entre la oferta universitaria y el mercado de trabajo, sino, de nuevo, del escaso tamaño de las empresas españolas y de la incapacidad de nuestra estructura productiva para absorber y aprovechar la formación ofrecida.

El número de universidades públicas continua, por otra parte, estable desde hace casi dos décadas, aunque en el mismo período, ciertamente, han proliferado las privadas, a costa, eso sí, de una drástica reducción, en los últimos años, de los requisitos para su aprobación y de ayudas públicas. Circunstancias a las que me he referido con preocupación en los discursos de apertura y de clausura de anteriores cursos.

Es decir, si me permiten retomar el argumento/resumen inicial de esta parte del discurso, de una parte, hay que reconocer que los resultados de las universidades públicas españolas en los ránkings internacionales resultan ser manifiestamente mejorables; no consiguen la excelencia a la que hemos de aspirar, la posición que tendríamos que ocupar en relación con nuestra renta per cápita. De otra parte, lo que se desprende de estos mismos ránkings es que somos el octavo mejor sistema universitario del mundo.

No me interpreten mal, no es autocomplacencia. Sabemos que necesitamos reformas, y que, en muchos aspectos, necesitamos salir de la “zona de confort” en la que corremos el riesgo de instalarnos en un mundo extraordinariamente móvil y cambiante. Pero para elaborar una terapia adecuada, primero hay que disponer de un diagnóstico preciso de los problemas que padecemos. Y mucho me temo que estos problemas no son aquellos con los que nos han entretenido en los últimos años, ni aquellos de los que se nos acusa.

Por ejemplo, un primer problema es la escasa capacidad redistributiva de los estudios universitarios. El acceso a la universidad aún está excesivamente filtrado por la situación social de las familias, y una adecuada y suficiente política de becas habría de asegurar, al menos, que “la carrera abierta a los talentos” no se viera comprometida por la ausencia de oportunidades efectivas.

El segundo problema es la elevada precarización de buena parte del profesorado (alto índice de asociados y otras figuras contractuales baratas y con escasas perspectivas de promoción, forzosamente dedicadas casi en exclusiva a la docencia), además de bajos salarios relativos de todo el cuerpo docente y el escaso reconocimiento social que reciben.

Continuamos con una taza de reposición de efectivos, impuesta desde el gobierno central, insostenible, tanto en personal docente e investigador, funcionario y laboral, como en personal de administración y servicios.

Personas que encuentran obstáculos por las restricciones legales y presupuestarias, a sus legítimas aspiraciones: estabilización y promoción del profesorado acreditado, dedicación docente, líneas de investigación de las investigadoras e investigadores, profesorado asociado, y carrera profesional del PAS.

¿Cómo atraer, tal y como he dicho en otras ocasiones, a los “mejores y más brillantes” con salarios más bajos que otros cuerpos de la administración? ¿Cómo asegurarnos la provisión de talento, si la carrera docente es larga y complicada y buena parte de esta se desarrolla en condiciones laborales precarias? ¿Se pude pedir al profesorado una vocación sin incentivos que en ninguna otra profesión cualificada sería demandada?

Somos conocedores, no obstante, de que los países con buenos resultados económicos y con instituciones inclusivas, abiertas y sólidas, la carrera docente, en cualquier nivel, si bien es muy exigente, recibe el mayor crédito social, y que sus remuneraciones se alinean con la estima pública que les corresponde.

Finalmente, el problema central, de la universidad pública española, y que engloba a casi todos los otros, es el de la financiación. Está claro, es imposible que con una financiación tan baja por alumno podamos competir con los centros universitarios más prestigiosos y mejor dotados, muchos de ellos con una antigüedad centenaria.

No es casual, en efecto, que los países que dedican más recursos a la educación superior sean también aquellos que presentan mejores resultados en el ámbito universitario.

No querría aburriros de nuevo, con datos al alcance de cualquier, pero las diferencias en financiación por alumno entre aquellas universidades de élite, a la cola de las cuales se nos insta a militar, y las universidades públicas españolas, son tan abrumadoras que lo que cuesta explicar es que el sistema universitario público español esté tan arriba.

Y en el caso de las universidades públicas valencianas nos encuentran además con una situación muy mala a causa de la financiación insuficiente que padecemos desde hace muchos años en nuestra comunidad y que pone en riesgo la calidad de los servicios.

Estamos de acuerdo, pues, en que la excelencia no es solo cuestión de recursos económicos. Podemos coincidir en que la universidad pública española se ve lastrada por disfunciones apreciables, aunque mi selección de las mismas no coincide con los habituales argumentos de sus críticos, ni con sus propuestas de reforma, centradas casi siempre en la exigencia de más rendimientos con menores ingresos.

Pero los buenos resultados son inseparables del dinero invertido, si este es bien utilizado, y si se exigen cuentas sobre su uso y sobre las prioridades atendidas. Y no resulta congruente, desde luego, que con una mano se nos exija la excelencia y con la otra se nos desarme y se nos nieguen los más elementales medios para obtenerla.

Sencillamente, no es un silogismo que se sostenga afirmar que el desarrollo económico depende de la educación y la I+D, recortar ambas, y asignarles después la responsabilidad de no contribuir, como debieran, al crecimiento y al prestigio del país, de modo que una nueva ronda de recortes en la educación pública quede justificada.

La coartada que justificaría este recorte, como ha quedado patente en las políticas de años anteriores, consiste en sostener que la educación universitaria resulta esencialmente en un beneficio personal, y no en beneficios para el conjunto de la sociedad. Y que, puesto que los graduados pueden esperar mayores ingresos, lo que deben hacer es pagar por ese privilegio, con independencia de las positivas contribuciones económicas, fiscales, sociales, políticas y culturales que los egresados aportan al conjunto social, ratificadas en tantos estudios a los que he hecho referencia en discursos anteriores. Por ejemplo, los del IVIE sobre la productividad del sistema universitario valenciano.

De modo que, supuestamente, una educación financiada con fondos públicos es insostenible, y por tanto negligible, aunque el sistema alternativo resulte ser más caro que el anterior, y en el caso de nuestro país menos eficaz y eficiente, enfrentando a las familias y a los estudiantes a la posibilidad de años de deuda inasumible, como ya sucede en el inequitativo modelo universitario anglosajón.

¿Es ese modelo una opción para nuestro país? Permítanme que lo dude, cuando el grueso de la investigación y los mejores profesores fungen en lo público.

Sí, sin financiación suficiente, estable y adecuada –es decir, dedicada a mejorar la eficiencia, y no a proyectos ruinosos y gastos improductivos, que lastran nuestro futuro- no hay paraíso.

Lo saben bien aquellos territorios, como la Comunidad Valenciana, que sufren un déficit reiterado de financiación e inversión, y que se ven sometidos a un expolio fiscal, por el que una Comunidad más pobre que la media, con una renta per cápita un 12% inferior a la media española y un desempleo más elevado, financia a comunidades más ricas que ella misma, e incluso a algunas que tienen una renta per cápita superior a la media estatal.

Una situación paradójica que deriva no solo de los errores de las sucesivas reformas del sistema de financiación autonómica, que en ningún momento consiguieron que la media de ingresos por habitante de la Comunidad fuera equiparable a la media del resto de autonomías, sino que hunde sus raíces en sus menores dotaciones públicas ya en el franquismo y en los primeros años de la transición, la base sobre la que se calcularon los recursos destinados a cubrir los servicios transferidos, como sanidad y educación.

La discriminación, pues, viene de largo y en nada ha cambiado a lo largo de décadas.

Apoyamos, en consecuencia, sin fisuras a la Generalitat Valenciana, como apoyamos al anterior gobierno de la misma, en su reclamación de un sistema de financiación más justo, así como de niveles de inversión per cápita ajustados al peso poblacional y económico de la Comunidad. Y de una reestructuración de su inasumible deuda, que garantice la suficiencia de sus recursos y la equidad en su distribución. Que garantice los derechos y oportunidades de los valencianos en igualdad con el resto de los españoles, como es la obligación, hasta hoy incumplida, de cualquier gobierno.

Pero demandamos también un reparto más equilibrado de la financiación y de la inversión per cápita en el interior de la Comunidad.

Diversos estudios, en efecto, sobre las cuentas públicas territorializadas, fundamentalmente las presentadas por INECA (Instituto de Estudios Económicos de Alicante), muestran que la provincia de Alicante no solo ha sido discriminada en inversiones en infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años (2008-14), atendiendo al peso productivo y poblacional de Alicante, sino también en las inversiones de la Generalitat Valenciana.

No voy a entrar en números, y sin ser economista me ha parecido entender que las balanzas fiscales las carga, en ocasiones, el diablo, y que hay diversas formas de cálculo, que arrojan resultados diferentes (por flujo monetario o por carga-beneficio).

Pero hay algunos datos incontrovertibles. Por ejemplo, la renta per cápita de los alicantinos es inferior a la de la Comunidad en más de 2.000 euros, lo que, en sí mismo, justificaría una mayor inversión de la Generalitat, que aproxime la renta de los alicantinos a la media de la Comunidad y asfalte sus oportunidades de futuro. Y tampoco es para nada seguro que los alicantinos recibamos servicios y estemos dotados de infraestructuras al mismo nivel que otros territorios de la Comunidad, dada su intensa centralización asimétrica.

Que yo sepa, por otra parte, no hay datos sobre cuentas territorializadas para el periodo anterior a 2008. Pero sí un cierto sentimiento de agravio, que antes de condenar, conviene analizar, porque es de antigua data.

El President Puig, en su discurso de toma de posesión, señaló que se proponía coser todos los territorios de la Comunidad, “desde Pilar de la Horadada hasta Vinaròs”. Y también que detestaba “el victimismo, pero más aún la injusticia”.

Estoy totalmente de acuerdo, así con su voluntad de vertebrar el territorio como en su rechazo a un victimismo que solo produce resentimiento y división. ¿Pero podemos afirmar que la financiación por habitante de la provincia de Alicante ha sido justa, en relación con las otras dos provincias que forman parte de la Comunidad? ¿Somos los que vivimos y trabajamos en Alicante menos productivos que nuestros vecinos de la Comunidad?

Aun si así fuera, y no lo creo en absoluto, una colectividad política lo es si es solidaria entre sí, si se hace eco del mismo afán de equidad que sirve de reclamo en un conjunto político más amplio.

La provincia de Alicante, como la Comunidad entera, es muy diversa. Y pese al monocultivo de la construcción y del turismo en los años previos a la crisis, cuando muchas empresas prefirieron obtener fuertes y rápidas ganancias invirtiendo en el sector inmobiliario, en lugar de adaptar sus estructuras a la redoblada competitividad del escenario global, invirtiendo en tecnología y capital humano, conserva las potencialidades y recursos de un sistema de ciudades equilibrado con capacidades productivas insuficientemente explotadas y pobremente apoyadas por el sector público.

Nuestros retos son, por otra parte, los del conjunto de la Comunidad Valenciana en orden a ganar competitividad: mejorar claramente la productividad de nuestras empresas, favoreciendo y apoyando su internacionalización; procurar mejoras significativas en la calidad de los servicios del sector público, un sector público que debe apostar decididamente por un cambio de modelo productivo, basado en la reindustrialización y en la recualificación de los sectores tradicionales; mejorar en educación y progresar en la colaboración entre empresas, universidades e instituciones públicas y privadas.

No hay, me parece, otro cimiento sobre el que apoyar nuestras posibilidades de futuro. Y si así es, debemos demandar que las mejoras en la educación superior sean también equitativamente financiadas, en base a criterios objetivos y no de proximidad geográfica al poder político o a la continuidad de malos hábitos, que refuerzan, en los usos internos, una centralidad injusta. No vaya a ser que lo que reclamamos del estado central y le imputamos, no se cumpla y sea descuidado en nuestros propios lares.

Habitamos, ciertamente, un territorio privilegiado, pleno de culturas productivas, de múltiples talentos y de ricas y, en el mejor de los sentidos, exportables tradiciones.

No hemos perdido aún ese horizonte posible, en uno de los espacios potenciales más ricos de Europa, aunque nos hemos empeñado en malbaratarlo, a base de cortoplacismo, de conformidad, de feroz y asocial individualismo, de autocomplacencia, de esquilmación del territorio y de incapacidad para imaginar y conectar con un futuro que, cuando ya creíamos tener las respuestas, nos ha cambiado las preguntas.

Necesitamos, en cambio, visión e imaginación estratégica. Necesitamos volver a nuestro pasado, no tan lejano, para reconstruir nuestro futuro. Necesitamos creer en nosotros, y dotarnos de las herramientas para explorarlo a fondo. Necesitamos… educación, esa palabra.

Muchas gracias. 

Oficina del Rector


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